Ambas organizaciones presentaron enmiendas al Proyecto de la Cámara 1418
La Comisión de Educación, presidida por la representante Deborah Soto Arroyo celebró hoy, miércoles, una vista pública para atender el Proyecto de la Cámara (PC) 1418, que busca enmendar la Ley 212-2010, también conocida como la “Ley de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación”, para facilitar el proceso de licenciamiento de las Instituciones de Educación Postsecundaria (IEP).
La medida, radicada por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, busca subsanar varias preocupaciones que las IEP y la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP), adscritas al Departamento de Estado, han advenido en conocimiento durante el proceso de implementación del reglamento que exige la Ley 212-2010, conocido también como el Reglamento para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Postsecundaria en Puerto Rico, Núm. 9272 del 2021.
Soto Arroyo recibió en vista pública la comparecencia del presidente de la JIP, Edward Moreno Alonso; a la directora ejecutiva de la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación, Damaris Nolasco Ortiz; y a la presidenta de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas (ACUP), Waleska Crespo.
Ambas organizaciones avalaron el proyecto con enmiendas para “robustecer” la intención de la medida legislativa.
Moreno Alonso inició su alocución estableciendo cambios técnicos para garantizar el alcance y propósito del PC 1418.
“En la enmienda al artículo 1, que busca alterar la declaración de política pública, no queda claro cuál es el alcance que propone la “separación de licenciamiento y acreditación…extensiva a todos los programas… para el ejercicio de profesiones u ocupaciones reglamentadas por ley en Puerto Rico”. En segundo lugar, si esta enmienda implica que esos programas no sean considerados en el proceso de licenciamiento se estaría induciendo a error a esta Legislatura, haciéndola suponer que esos programas serían acreditados y que eso sería suficiente”, argumentó.
Por otro lado, el PC 1418 busca establecer una definición sobre el concepto “Instituciones de Educación Postsecundaria con reconocida y probada trayectoria”. Moreno Alonso destacó que la definición propuesta no satisface la posición de la JIP.
El presidente de la Junta añadió que la definición propuesta debe considerar “las instituciones que se ven afectadas con la definición que describe la medida, y que no cumplirían con el término de los 10 años con razones fuera de su control, por ejemplo, las instituciones de Educación Postsecundaria. Esto también aplicaría a las instituciones de educación superior de reciente incursión en el sector. Sería recomendable auscultar el parecer de estas instituciones al respecto”, recomendó.
“Nuestro enfoque desde la JIP siempre ha sido la agilidad en los procesos de licenciamiento. Nuestras recomendaciones son para mantener esa agilidad y garantizar el cumplimiento cabal de las disposiciones reglamentarias”, destacó Moreno Alonso.
Por su parte, la portavoz de la ACUP, apoyó la legislación de Hernández Montañez sin reservas.
“Avalamos la medida porque las enmiendas que propone entendemos que son necesarias para que la política de la Ley 212-2018 pueda encaminarse por el sendero correcto, especialmente ante la situación socioeconómica por la cual atraviesa el país y se cumpla con la intención del legislador de facilitar los procesos de otorgar licencia a las instituciones de educación postsecundaria, para hacerlos más ágiles y menos onerosos, para todas las partes involucradas”, destacó Crespo en su ponencia.
Crespo sometió múltiples enmiendas que acogen la opinión de la Asociación, que agrupa a la American University of Puerto Rico, Atenas College, Caribbean University, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, EDP University, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Universidad Ana G. Méndez, Antillean University, Universidad Carlos Albizu, Universidad Central de Bayamón, Universidad Central del Caribe, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Politécnica de Puerto Rico, Universidad del Sagrado Corazón y Fundación Luis Miranda Casañas, Inc.
La Comisión de Educación también atendió el Proyecto de la Cámara 1158 de la representante Lisie J. Burgos Muñiz, que propone enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el curso de educación física ofrecido en las escuelas públicas promoverá el desarrollo de una cultura estudiantil que se interese por la actividad física dentro y fuera del plantel escolar.
En vista pública, el Departamento de Educación sometió una ponencia en contra de la medida “por entender que el Departamento cuenta al presente con un Programa de Educación Física cuenta con un programa tanto académico, como deportivo que cubre las áreas mencionadas en el Proyecto de la Cámara 1158”.
Soto Arroyo destacó que “entiende la preocupación de Burgos Muñiz en el PC 1158. La salud de nuestros niños siempre tiene que ser una prioridad. Como maestra, sé que nuestros docentes hacen el trabajo de incentivar a nuestros niños y niñas a desarrollar un estilo de vida saludable. Este esfuerzo institucional debe ser complementado con buena nutrición a cargo de comedores escolares y el apoyo de las madres y padres”.
